Varios de los ex jefes de las extintas Farc y quienes ocuparon escaños en el Congreso rechazaron este miércoles los señalamientos hechos por Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien señaló que la orden del magnicidio salió del Congreso y deslizó el nombre del Partido Comunes.
"Rechazamos las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional, nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano. Ni los entrampamientos, ni las calumnias, ni los montajes, podrán alejarnos de ese camino", afirmaron entre otros, Julián Gallo Cubillos, Pablo Catatumbo Torres, Sandra Ramírez, Omar de Jesús Restrepo, Imelda Daza Cotes y Luis Alberto Albán.
En su carta, los exFarc dijeron estar atentos a atender "cualquier requerimiento de las autoridades", en caso de que se abra una línea de investigación en ese sentido, al advertir que han obrado con arreglo a los preceptos de la Constitución.
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"Lo anterior, sin detrimento de acudir a las acciones legales, a que haya lugar, para la defensa de nuestra honra y buen nombre, para lo cual ya hemos otorgado los poderes correspondientes", advirtieron en su mensaje público.
Tarazona dijo a Caracol Televisión que la orden del crimen de Uribe salió del Congreso y el dinero de Venezuela.
"Dice la información que la orden salió del Congreso, y pues no podemos olvidar que en el Congreso estaban militantes de las FARC", afirmó Tarazona, sin entregar pruebas de su versión.
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Ante la gravedad de las acusaciones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le pidió hoy a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que "adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal".
Las autoridades han arrestado a nueve personas por el crimen de Uribe, siete de ellos ya fueron condenados y dos esperan el llamado a juicio. La Fiscalía sostiene la tesis de que los autores intelectuales del asesinato fueron las disidencias de la Segunda Marquetalia, que contrató a una banda criminal para cometer el magnicidio.
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